¿Qué es el AI Act y por qué importa en Argentina?

El AI Act es el reglamento europeo sobre inteligencia artificial. No se aplica automáticamente a toda empresa argentina, pero su enfoque basado en riesgos ayuda a ordenar decisiones sobre proveedores, datos, contratos y controles. Para una organización local, sirve como referencia comparada, no como sustituto del análisis del derecho argentino.

¿Qué busca ordenar el AI Act?

El reglamento europeo distingue sistemas según los riesgos que pueden generar para la seguridad y los derechos fundamentales. Algunas prácticas quedan prohibidas; otras requieren obligaciones de transparencia, gestión de riesgos, documentación, calidad de datos o supervisión. La clasificación depende del uso y del impacto, no solamente de la tecnología.

Esa lógica resulta útil incluso cuando no existe una obligación directa. Una herramienta que resume documentos internos no presenta el mismo riesgo que otra que participa en selección de personal, acceso a servicios o evaluación de personas. La pregunta adecuada es qué decisión influye y quién puede resultar afectado.

La consultoría en IA jurídica puede traducir ese mapa de riesgos a políticas y contratos aplicables a una empresa argentina.

¿Cuándo puede importar para una empresa argentina?

Puede importar por la actividad, la ubicación de clientes, los proveedores o el flujo de datos. Una empresa local que vende servicios a clientes europeos, integra una plataforma europea o procesa información para una entidad alcanzada debería revisar las obligaciones contractuales y operativas que le correspondan.

Eso no significa copiar cada requisito ni afirmar que existe una aplicación automática. Significa preguntar qué promete el proveedor, qué documentación ofrece, qué controles exige el cliente y cómo se distribuye la responsabilidad. El contrato debe reflejar el uso real, no una descripción genérica de “solución inteligente”.

¿Qué relación tiene con Argentina?

En Argentina, el uso de IA se cruza con normas ya vigentes sobre datos personales, contratos, consumidor, trabajo, propiedad intelectual y responsabilidad. La Ley 25.326 es relevante cuando se tratan datos personales. En ciertos sectores también aparecen deberes de seguridad, confidencialidad y explicabilidad derivados de la actividad o del contrato.

Por eso conviene construir un inventario local: herramienta, finalidad, datos, personas afectadas, proveedor, almacenamiento, revisión humana y procedimiento ante errores. Si la empresa no puede responder qué información entra o quién controla la salida, todavía no tiene un uso suficientemente gobernado.

¿Qué preguntas debería responder una pyme?

¿Qué tarea se automatiza? ¿Qué datos se cargan? ¿Se incluyen secretos, datos sensibles o información de menores? ¿Quién valida la salida? ¿Se informa a clientes o trabajadores? ¿El proveedor usa los datos para entrenar? ¿Cómo se borra la información? ¿Qué ocurre si el servicio se cae o genera un resultado dañino?

Las respuestas deberían quedar documentadas y revisarse cuando cambia el modelo. Para una empresa con operaciones digitales, esto integra el servicio jurídico empresarial y de compliance tecnológico, junto con la revisión de contratos y políticas internas.

¿Qué debería decir un contrato con un proveedor?

El contrato debería identificar el servicio, el modelo o función contratada, los datos que se procesan, las medidas de seguridad y qué ocurre ante un incidente. También es importante precisar si el proveedor puede usar entradas y salidas para mejorar sus sistemas, durante cuánto tiempo conserva la información y cómo la elimina.

Si el proveedor se reserva facultades amplias para modificar el servicio, la empresa necesita una vía de salida y un plan alternativo. En operaciones internacionales, revisá ley aplicable, transferencia de datos, idioma, jurisdicción y obligaciones que el cliente europeo pretenda trasladar.

¿Por dónde empezar?

Elegí un uso acotado y de bajo impacto, probalo con información no sensible y definí una revisión humana. Después compará el resultado con el contrato del proveedor, registrá incidentes y fijá una vía de salida. Si hay relación con la Unión Europea, pedí asesoramiento específico sobre el alcance territorial y contractual.

Un registro simple puede incluir fecha, herramienta, finalidad, datos, responsable, revisión realizada y resultado. Ese documento no convierte automáticamente el uso en lícito, pero permite detectar fallas y demostrar que la organización tomó decisiones conscientes. Actualizalo cuando cambie el proceso o aparezca un nuevo riesgo.

También podés leer qué riesgos legales tiene usar IA y cómo preservar prueba digital.

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